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Las últimas semanas han sido no solo los tiempos de la pandemia, sino, la de las normatividades de emergencia. A las disposiciones del Gobierno Nacional se suman, según municipios y departamento, las de Alcaldías y Gobernaciones; cuarentenas, toques de queda, distancias, excepciones y formas de uso de tapabocas diferenciadas por ideas, evidencias y en ocasiones, caprichos de los gobernantes.

No es decir que buena parte de las limitaciones que tenemos actualmente en Colombia no sean necesarias, lo son. Lo que sabemos del virus sigue manteniendo que la distancia entre personas es la mejor manera de, al menos, ralentizar el ritmo de contagio y hacer más manejable y menos mortal la pandemia. Pero también hay que reconocer que el COVID-19 pone de manifiesto problemas subyacentes en los sistemas políticos y económicas de los países y que en el nuestro ha dado algo de combustible al viejo vicio de confiar demasiado en las normas (sobre todo las duras y las complicadas) para resolver todos los problemas. La panacea leguleya.

Mauricio García Villegas, que ha estudiado el cumplimiento de las normas en libros como “Normas de papel” o “El Orden de la Libertad”, ha señalado siempre, con mucha sensatez, dos de los problemas más comunes del legalismo colombiano. El primero se refiere a las limitaciones que tiene un Estado con diferenciados niveles de control y presencia en su territorio para hacer cumplir las normas. El segundo, los problemas de legitimidad que son comunes a estas disposiciones y a las autoridades que las tiene que hacer cumplir, sobre todo, cuando las normas son implementadas de forma diferenciada y en ocasiones, con excesos de fuerza innecesarios.

Estos dos problemas colombianos (aunque en general, latinoamericanos) son importantes porque el cumplimiento de las normas se puede asociar a tres elementos principalmente: la legitimidad que reconozcamos en la norma y quién la dicta, el cálculo de conveniencia sobre cumplir, incumplir y sus consecuencias sobre nosotros, y el hecho de que la norma esté alineada con una expectativa colectiva o individual de comportamiento, esto es, una norma social, una costumbre o una regla moral.

En muchas ocasiones, los excesos normativos llevan a incentivar el incumplimiento de esas mismas normas. Las autoridades deben ser razonables al establecer reglas de juego, evitar al máximo el legalismo, en tanto dureza de las normas y dificultades y trabas para acceder a sus beneficios. La incapacidad de aguantarse la necesidad de parecer duros, técnicos y tecnológicos lleva en ocasiones a decretar disposiciones que hagan que las personas se vean casi obligadas a incumplir.

Ahora, esto también es un problema. El goteo incesante de pequeños incumplimientos, personas trotando a la hora que no se permite; una conversación entre vecinos en la puerta de la casa, en la acera luego, en medio de la calle al final; una mercada de pico y cédula que alarga bastante su recorrido, que incluye una visita familiar o a un amigo. Poco a poco desgastan las normas y disposiciones de la cuarentena, son las filtraciones de la presa a punto de reventarse. La labor del Estado no es solo la de forzar el cumplimiento de estas normas, también la de decidir con razonabilidad y sensatez hasta donde dobla el brazo, hasta donde aguantan las limitaciones de su aparato y las necesidades y percepciones de las personas.

Porque las normas necesitan también estar acompañas de amenazas creíbles. Otro problema de prohibir o regular un imposible es que su misma pretensión socava sus perspectivas de efectividad. Pero también porque entender a la regulación como principal instrumento de intervención de la realidad, nos condena a ver la coerción y su amenaza como escape facilista a los retos de movilizar a los ciudadanos, deja de lado todo el repertorio que tiene el Estado (y los líderes políticos y sociales) de invitar a los ciudadanos desde compromisos de corresponsabilidad, las peticiones razonables de autocuidado y los programas inteligentes de cultura ciudadana.

Las normas por sí solas (y en particular si son intransigentes y complicadas), nos han demostrados doscientos años de amplias legislaciones y poco cumplimiento en Colombia, nunca serán suficientes.