Tapar el número.

Enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD.

Al fin, las fuerzas políticas colombianas parecen dispuestas a conversar para intentar dar una tregua a la situación que vive el país. Pero la incapacidad del Gobierno Nacional y la Fuerza Pública de reconocer siquiera la posibilidad del uso excesivo de la fuerza, del abuso y de los episodios (¡incluidos homicidios!) en donde la evidencia en video es clarísima, es uno de los obstáculos más grandes a los diálogos que pretenden desescalar la violencia en las calles. No es solo una cuestión del inicio de investigaciones sobre casos concretos (lo que es bienvenido, por supuesto), sino el reconocimiento y la acción efectiva para evitar que sigan ocurriendo.

Porque tratar esto como casos aislados es muy problemático e implica desconocer las responsabilidades institucionales y de mando. La Fuerza Pública colombiana tiene profundos problemas institucionales, muchos de ellos son legado de décadas de conflicto armado y guerra degradada. Un preocupante ejemplo es la práctica (generalizada en los agentes de policía en las calles) de taparse su número de identificación y usar el casco en las noches para dificultar los ejercicios de control y transparencia. Está tan extendido por estos días que no parece coincidencia; evidentemente no es una cuestión de comodidad o requisito de la operatividad, intenta reducir la posibilidad de identificación para eventuales procesos disciplinares o penales en caso de abusos.

Esto supone, por lo extendido, o que los mandos no le dan importancia, que lo permiten o que lo ordenan, todas posibilidades terribles. Si la negación es combustible para la indignación y la rabia que manda ciudadanos a las calles, el primer paso para calmar un poco las cosas puede ser reconocer que hay un problema, seguido del anuncio de investigaciones que esclarezcan y la apertura a adelantar los cambios generales que se desprendan de estas investigaciones. El mayor fracaso de la gestión policial es la no protección de la vida de los ciudadanos. Todas las válvulas de control de la institución deberían activarse, rechazando y buscando esclarecer, cuando un policía deshonra de esta forma su mandato constitucional.

De ahí que los llamados a la reforma policial no sean una cuestión secundaria. Es posible pensar que buena parte de los problemas que enfrentamos ahora tengan más que ver con los abusos de la policía durante las manifestaciones que por la indignación inicial con la Reforma Tributaria. Las conversaciones que se empiezan a adelantar entre actores políticos en Colombia tienen sobre la mesa esta cuestión, aunque desde el gobierno nacional parece haber poca disposición a que esto ocurra. Una nueva torpeza.

¿Se puede recuperar la confianza en la Policía?

Agentes del ESMAD de la Policía Nacional durante las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre.

En las últimas semanas se han profundizado los problemas que tienen muchas instituciones públicas (y no-públicas) para generar confianza en Colombia. Pero quizás ninguna enfrente una crisis de confianza como la Policía Nacional, después de que en las primeras semanas de septiembre una persona fuera asesinada durante un procedimiento policial y luego varias más en los excesos de uso de la fuerza durante las manifestaciones del 9 de septiembre en Bogotá.

La confianza en las instituciones no es un asunto menor, es un elemento fundamental de las interacciones sociales. La confianza interpersonal, el cumplimiento de las normas, la salud de la democracia, entre otros muchos efectos socialmente positivos, se pueden conectar a la disposición (o no) que tienen las personas a confiar en instituciones como la Policía. En su ausencia, se pueden presentar líos grandes respecto a la relación que las personas establecen con las leyes, el sistema democrático y las disposiciones económicas. Para decirlo con un malabar argumental, las confianzas parecen ser el ingrediente (no tan secreto) del éxito social de las democracias liberales de mercado, y la confianza institucional, una de las partes claves de ese ingrediente.

No solo es por los problemas recientes, los líos de la confianza de los colombianos en la Policía vienen de, al menos, la última década. De acuerdo a los datos de la Encuesta Mundial de Valores en 2017-2020 solo el 24% de los encuestados confiaban en la institución. Este es el punto más bajo en la confianza en la institución desde que la EMV pregunta por ella y eso que la encuesta se realizó previo a todo lo que ha ocurrido este año.

La confianza en la Policía en Colombia entre 1994-1998 y 2017-2020, datos de la Encuesta Mundial de Valores.

De nuevo, el asunto es todo menos nuevo, siendo un muy buen ejemplo de este dilema esta referencia de Pascual Gaviria a los inicios de la institución policial en Colombia y lo que parece ser la historia cíclica de relaciones tensas con los ciudadanos. Mirar atrás, sobre orígenes y recorrido, también pone en cuestión las motivaciones originales, si la fuerza tiene cómo propósito cuidar a los ciudadanos o mantenerlos bajo control. Parecen motivaciones similares, pero sus fines (y sobre todo sus medios) suponen retos enormes para una democracia. Frente a una fuerza policial fuertemente militarizada, su labor cotidiana parece seguir respondiendo a los retos enormes del conflicto armado y la tarea de fuerza de protección y choque que caracterizó su trabajo en los últimos 30 años.

La mayoría de las respuestas a esta crisis por parte de la Policía, sus mandos y algunos políticos hacen evidente también las dificultades de una reforma policial que ya se propone desde mucho lugares, en particular desde la academia. Las dificultades para mirar hacia adentro con algo de sentido crítico y utilizar ese conocimiento para adelantar cambios necesarios es evidentemente el primero de los obstáculos para imaginar cualquier reforma.

¿Puede entonces la Policía embarcarse en un proceso de restablecimiento y reparación de los lazos de confianza con los ciudadanos? Por supuesto. Además, es necesario, justo y urgente. Y aunque hay una extensa agenda de elementos que pueden ser relevantes para esto, señalo tres: los incentivos, la transparencia y la cultura.

Los incentivos de una organización pueden ser materiales o no-materiales. Un aumento de salario, un bono de fin de año por desempeño o unos días de vacaciones extra son de los primeros, una felicitación, una condecoración o incluso una foto colgada en la pared de “empleado del mes” son los segundos. Los incentivos no solo funcionan como motivadores racionales de la acción de los individuos, “señalan” lo que una organización considera deseable y lo que sus miembros esperarán que haga parte del trabajo cotidiano de todos. Ciertos sistemas de incentivos centrados en los asuntos “más duros” y también superficiales de la función policial, como las capturas o la operatividad, centran la relación policía-comunidad en lo coercitivo y crean más oportunidades (y motivaciones) para los excesos policiales y poco para el trabajo en prevención y relación con los ciudadanos. La propuesta de “Cuidado al cuidador” de Casa de las Estrategias reúne varias ideas al respecto.

La transparencia supone una preocupación sistemática en las estrategias de construcción de confianza de muchas organizacionales. Su popularidad la ponen en tono de lugar común, pero eso no la vuelve menos relevante. En este caso, digamos que la transparencia en las instituciones puede señalarse a través de tres elementos clave: la disposición a comunicar y explicar decisiones, la disposición a recibir y responder críticas de ciudadanos y usuarios y la apertura a realizar de forma efectiva correctivos y modificaciones que respondan a esas críticas. Promover la transparencia no es sencillo y en muchas ocasiones tienen que alinearse intereses, voluntades políticas y exigencias de terceros para que una organización tome los difíciles pasos para hacer de su trabajo uno más transparente.

Por último, está la cultura de la organización policial. Los seres humanos solemos generar lazos de pertenencia con las organizaciones y grupos de las que hacemos parte. Esa disposición se puede ver reforzada por los mecanismos de integración grupal que ciertas organizaciones crean para mejorar la “lealtad” de sus miembros. Normas sociales como el “espíritu de cuerpo” de muchas organizaciones de corte castrense premian la lealtad ciega por encima de la autocrítica, incluso cuando la segunda puede ser más beneficiosa para la organización en el largo plazo. Al tiempo, una fuerza dedicada y centrada en su misión coercitiva y la exaltación de esas metas, llevará el logro individual de sus miembros en esa dirección. Hay, por ejemplo, mucho que hace la policía pero que ni sus mismos mandos reconocen suficiente. Esto es algo señalado ya por Andrés Tobón, ex secretario se Seguridad y Convivencia de Medellín, en una reciente columna: “Dichas experiencias positivas cotidianas, deben ser el producto natural de la interacción del policía con la señora, el señor, los estudiantes, el niño”. Reconocerse como fuerza de cuidado, más que de mantenimiento del orden social, del “orden público” puede ser el primer paso en esa dirección.

Nada de lo anterior en sencillo. Aunque haya acuerdo en muchos lugares sobre la necesidad de las reformas, esto no supone que todos piensen que se haga de la misma manera, ni que en los lugares en dónde estas ideas se vuelven decisiones, haya voluntad. El camino que debe recorrer la institución (y quienes podemos velar por ese proceso) será aún largo y complejo. Pero de su éxito puede depender el futuro de la Policía Nacional.