Tapar el número.

Enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD.

Al fin, las fuerzas políticas colombianas parecen dispuestas a conversar para intentar dar una tregua a la situación que vive el país. Pero la incapacidad del Gobierno Nacional y la Fuerza Pública de reconocer siquiera la posibilidad del uso excesivo de la fuerza, del abuso y de los episodios (¡incluidos homicidios!) en donde la evidencia en video es clarísima, es uno de los obstáculos más grandes a los diálogos que pretenden desescalar la violencia en las calles. No es solo una cuestión del inicio de investigaciones sobre casos concretos (lo que es bienvenido, por supuesto), sino el reconocimiento y la acción efectiva para evitar que sigan ocurriendo.

Porque tratar esto como casos aislados es muy problemático e implica desconocer las responsabilidades institucionales y de mando. La Fuerza Pública colombiana tiene profundos problemas institucionales, muchos de ellos son legado de décadas de conflicto armado y guerra degradada. Un preocupante ejemplo es la práctica (generalizada en los agentes de policía en las calles) de taparse su número de identificación y usar el casco en las noches para dificultar los ejercicios de control y transparencia. Está tan extendido por estos días que no parece coincidencia; evidentemente no es una cuestión de comodidad o requisito de la operatividad, intenta reducir la posibilidad de identificación para eventuales procesos disciplinares o penales en caso de abusos.

Esto supone, por lo extendido, o que los mandos no le dan importancia, que lo permiten o que lo ordenan, todas posibilidades terribles. Si la negación es combustible para la indignación y la rabia que manda ciudadanos a las calles, el primer paso para calmar un poco las cosas puede ser reconocer que hay un problema, seguido del anuncio de investigaciones que esclarezcan y la apertura a adelantar los cambios generales que se desprendan de estas investigaciones. El mayor fracaso de la gestión policial es la no protección de la vida de los ciudadanos. Todas las válvulas de control de la institución deberían activarse, rechazando y buscando esclarecer, cuando un policía deshonra de esta forma su mandato constitucional.

De ahí que los llamados a la reforma policial no sean una cuestión secundaria. Es posible pensar que buena parte de los problemas que enfrentamos ahora tengan más que ver con los abusos de la policía durante las manifestaciones que por la indignación inicial con la Reforma Tributaria. Las conversaciones que se empiezan a adelantar entre actores políticos en Colombia tienen sobre la mesa esta cuestión, aunque desde el gobierno nacional parece haber poca disposición a que esto ocurra. Una nueva torpeza.

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