Otra crisis de confianza.

La crisis de confianza es todo menos novedosa, enfrentamos un problema sustancial de confiabilidad institucional en Colombia.

Las calles arden. De acuerdo al Ministerio de Defensa entre el 28 de abril y el 10 de mayo se han presentado unas 5.569 actividades asociadas al paro nacional (marchas, concentraciones, bloqueos, asambleas y movilizaciones), y según la Defensoría del Pueblo, al 11 de mayo se habían reportado 42 muertos durante las protestas. Al descontento y la violencia en las calles, se suma la información sobre las emociones tristes en las cabezas y los corazones de los colombianos. El 13 de mayo la Universidad El Rosario y la encuestadora Cifras y Conceptos presentó datos sobre las percepciones de los jóvenes en Colombia sobre la situación del país. Acertadamente, titularon el informe de análisis de la encuesta como «Una crisis de confianza».

En efecto, la confianza de los jóvenes colombianos en las fuerzas militares, sus alcaldías municipales, la policía nacional, su gobierno departamental y el presidente de la república pasó de 47%, 36%, 29%, 23% y 13% en enero de 2020 a 27%, 21%, 13%, 19% y 9% en 2021. La desconfianza en las instituciones públicas es esperable, pero incluso los niveles de confianza en instituciones sociales como la Universidad Públicas y Privadas parecen resentidas, con un 58% y 44%, respectivamente. La confianza en las instituciones es subsistémica, es decir, se organiza por grupos de instituciones similares y se retroalimenta entre esos grupos. Así, cuando mejora en alguno de esos grupos, sobre todo el de instituciones públicas, mejora en los demás, pero cuando se resiente, lo hace en otros. Una crisis de confianza no es entonces «solo» un problema de las instituciones a las que peor les va, es una crisis social.

Pero la crisis, aunque empeorada por la coyuntura, no es coyuntural, la confianza de los colombianos en sus instituciones ha venido decreciendo de manera sistemática en los últimos treinta años. Según la Encuesta Mundial de Valores, la confianza en la Policía pasó del 52% al 24% entre 1998 y 2018. Pero esto supera a la policía, el gobierno nacional, las cortes, el congreso, los gobiernos locales, las grandes empresas, la iglesia y la academia, todos enfrentan retos enormes por reducción de la confianza que despiertan en las personas. La confianza es importante porque reduce costos de transacción sociales y económicos, facilita la acción colectiva y motiva comportamientos como la solidaridad, el altruismo y el cumplimiento de normas y acuerdos. Perderla es una tragedia silenciosa, pero terrible.

¿Qué podemos hacer entonces? Probablemente lo primero sea seguir entendiendo mejor lo que nos está pasando (insisto, más allá de la coyuntura, por más relevante que sea), pero hay tres ideas generales que pueden verse como fundamentos de la confianza que las personas pueden desarrollar, recuperar o sentir por una institución (sea pública o privada). En primer lugar, la convicción de que la institución quiere lo mejor para las personas y la sociedad y que dado el caso será recíproca con las personas cuando confíen en ella. Esto puede verse como la alineación de intereses y la percepción de benevolencia. Es fundamental, pero difícil en tanto las instituciones pueden ver afectada esta percepción por miembros que violen expectativas de reciprocidad que tengan las personas. Lo segundo es la transparencia y la apertura la regulación. Ser transparentes es fundamental, pero insuficiente, la clave para superar el efecto que la asimetría entre institución y personas produce es la posibilidad de la regulación. Es decir, que las personas puedan señalar los errores de la institución y que esta regulación tenga efectos sobre cambios y castigos que se realicen. La tercera idea se refiere a la posibilidad de generar lazos identitarios de cercanía y mantener la consistencia en las acciones y decisiones de la institución.

Por estos días en los que se conversa sobre ajustes institucionales como la reforma policial, vale la pena tener presente la relevancia de la agenda de la confianza y en parte, en los fundamentos de esa posibilidad de superar la crisis y que las personas puedan confiar de nuevo. O por primera vez.

Tapar el número.

Enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD.

Al fin, las fuerzas políticas colombianas parecen dispuestas a conversar para intentar dar una tregua a la situación que vive el país. Pero la incapacidad del Gobierno Nacional y la Fuerza Pública de reconocer siquiera la posibilidad del uso excesivo de la fuerza, del abuso y de los episodios (¡incluidos homicidios!) en donde la evidencia en video es clarísima, es uno de los obstáculos más grandes a los diálogos que pretenden desescalar la violencia en las calles. No es solo una cuestión del inicio de investigaciones sobre casos concretos (lo que es bienvenido, por supuesto), sino el reconocimiento y la acción efectiva para evitar que sigan ocurriendo.

Porque tratar esto como casos aislados es muy problemático e implica desconocer las responsabilidades institucionales y de mando. La Fuerza Pública colombiana tiene profundos problemas institucionales, muchos de ellos son legado de décadas de conflicto armado y guerra degradada. Un preocupante ejemplo es la práctica (generalizada en los agentes de policía en las calles) de taparse su número de identificación y usar el casco en las noches para dificultar los ejercicios de control y transparencia. Está tan extendido por estos días que no parece coincidencia; evidentemente no es una cuestión de comodidad o requisito de la operatividad, intenta reducir la posibilidad de identificación para eventuales procesos disciplinares o penales en caso de abusos.

Esto supone, por lo extendido, o que los mandos no le dan importancia, que lo permiten o que lo ordenan, todas posibilidades terribles. Si la negación es combustible para la indignación y la rabia que manda ciudadanos a las calles, el primer paso para calmar un poco las cosas puede ser reconocer que hay un problema, seguido del anuncio de investigaciones que esclarezcan y la apertura a adelantar los cambios generales que se desprendan de estas investigaciones. El mayor fracaso de la gestión policial es la no protección de la vida de los ciudadanos. Todas las válvulas de control de la institución deberían activarse, rechazando y buscando esclarecer, cuando un policía deshonra de esta forma su mandato constitucional.

De ahí que los llamados a la reforma policial no sean una cuestión secundaria. Es posible pensar que buena parte de los problemas que enfrentamos ahora tengan más que ver con los abusos de la policía durante las manifestaciones que por la indignación inicial con la Reforma Tributaria. Las conversaciones que se empiezan a adelantar entre actores políticos en Colombia tienen sobre la mesa esta cuestión, aunque desde el gobierno nacional parece haber poca disposición a que esto ocurra. Una nueva torpeza.

¿Se puede recuperar la confianza en la Policía?

Agentes del ESMAD de la Policía Nacional durante las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre.

En las últimas semanas se han profundizado los problemas que tienen muchas instituciones públicas (y no-públicas) para generar confianza en Colombia. Pero quizás ninguna enfrente una crisis de confianza como la Policía Nacional, después de que en las primeras semanas de septiembre una persona fuera asesinada durante un procedimiento policial y luego varias más en los excesos de uso de la fuerza durante las manifestaciones del 9 de septiembre en Bogotá.

La confianza en las instituciones no es un asunto menor, es un elemento fundamental de las interacciones sociales. La confianza interpersonal, el cumplimiento de las normas, la salud de la democracia, entre otros muchos efectos socialmente positivos, se pueden conectar a la disposición (o no) que tienen las personas a confiar en instituciones como la Policía. En su ausencia, se pueden presentar líos grandes respecto a la relación que las personas establecen con las leyes, el sistema democrático y las disposiciones económicas. Para decirlo con un malabar argumental, las confianzas parecen ser el ingrediente (no tan secreto) del éxito social de las democracias liberales de mercado, y la confianza institucional, una de las partes claves de ese ingrediente.

No solo es por los problemas recientes, los líos de la confianza de los colombianos en la Policía vienen de, al menos, la última década. De acuerdo a los datos de la Encuesta Mundial de Valores en 2017-2020 solo el 24% de los encuestados confiaban en la institución. Este es el punto más bajo en la confianza en la institución desde que la EMV pregunta por ella y eso que la encuesta se realizó previo a todo lo que ha ocurrido este año.

La confianza en la Policía en Colombia entre 1994-1998 y 2017-2020, datos de la Encuesta Mundial de Valores.

De nuevo, el asunto es todo menos nuevo, siendo un muy buen ejemplo de este dilema esta referencia de Pascual Gaviria a los inicios de la institución policial en Colombia y lo que parece ser la historia cíclica de relaciones tensas con los ciudadanos. Mirar atrás, sobre orígenes y recorrido, también pone en cuestión las motivaciones originales, si la fuerza tiene cómo propósito cuidar a los ciudadanos o mantenerlos bajo control. Parecen motivaciones similares, pero sus fines (y sobre todo sus medios) suponen retos enormes para una democracia. Frente a una fuerza policial fuertemente militarizada, su labor cotidiana parece seguir respondiendo a los retos enormes del conflicto armado y la tarea de fuerza de protección y choque que caracterizó su trabajo en los últimos 30 años.

La mayoría de las respuestas a esta crisis por parte de la Policía, sus mandos y algunos políticos hacen evidente también las dificultades de una reforma policial que ya se propone desde mucho lugares, en particular desde la academia. Las dificultades para mirar hacia adentro con algo de sentido crítico y utilizar ese conocimiento para adelantar cambios necesarios es evidentemente el primero de los obstáculos para imaginar cualquier reforma.

¿Puede entonces la Policía embarcarse en un proceso de restablecimiento y reparación de los lazos de confianza con los ciudadanos? Por supuesto. Además, es necesario, justo y urgente. Y aunque hay una extensa agenda de elementos que pueden ser relevantes para esto, señalo tres: los incentivos, la transparencia y la cultura.

Los incentivos de una organización pueden ser materiales o no-materiales. Un aumento de salario, un bono de fin de año por desempeño o unos días de vacaciones extra son de los primeros, una felicitación, una condecoración o incluso una foto colgada en la pared de «empleado del mes» son los segundos. Los incentivos no solo funcionan como motivadores racionales de la acción de los individuos, «señalan» lo que una organización considera deseable y lo que sus miembros esperarán que haga parte del trabajo cotidiano de todos. Ciertos sistemas de incentivos centrados en los asuntos «más duros» y también superficiales de la función policial, como las capturas o la operatividad, centran la relación policía-comunidad en lo coercitivo y crean más oportunidades (y motivaciones) para los excesos policiales y poco para el trabajo en prevención y relación con los ciudadanos. La propuesta de «Cuidado al cuidador» de Casa de las Estrategias reúne varias ideas al respecto.

La transparencia supone una preocupación sistemática en las estrategias de construcción de confianza de muchas organizacionales. Su popularidad la ponen en tono de lugar común, pero eso no la vuelve menos relevante. En este caso, digamos que la transparencia en las instituciones puede señalarse a través de tres elementos clave: la disposición a comunicar y explicar decisiones, la disposición a recibir y responder críticas de ciudadanos y usuarios y la apertura a realizar de forma efectiva correctivos y modificaciones que respondan a esas críticas. Promover la transparencia no es sencillo y en muchas ocasiones tienen que alinearse intereses, voluntades políticas y exigencias de terceros para que una organización tome los difíciles pasos para hacer de su trabajo uno más transparente.

Por último, está la cultura de la organización policial. Los seres humanos solemos generar lazos de pertenencia con las organizaciones y grupos de las que hacemos parte. Esa disposición se puede ver reforzada por los mecanismos de integración grupal que ciertas organizaciones crean para mejorar la «lealtad» de sus miembros. Normas sociales como el «espíritu de cuerpo» de muchas organizaciones de corte castrense premian la lealtad ciega por encima de la autocrítica, incluso cuando la segunda puede ser más beneficiosa para la organización en el largo plazo. Al tiempo, una fuerza dedicada y centrada en su misión coercitiva y la exaltación de esas metas, llevará el logro individual de sus miembros en esa dirección. Hay, por ejemplo, mucho que hace la policía pero que ni sus mismos mandos reconocen suficiente. Esto es algo señalado ya por Andrés Tobón, ex secretario se Seguridad y Convivencia de Medellín, en una reciente columna: «Dichas experiencias positivas cotidianas, deben ser el producto natural de la interacción del policía con la señora, el señor, los estudiantes, el niño». Reconocerse como fuerza de cuidado, más que de mantenimiento del orden social, del «orden público» puede ser el primer paso en esa dirección.

Nada de lo anterior en sencillo. Aunque haya acuerdo en muchos lugares sobre la necesidad de las reformas, esto no supone que todos piensen que se haga de la misma manera, ni que en los lugares en dónde estas ideas se vuelven decisiones, haya voluntad. El camino que debe recorrer la institución (y quienes podemos velar por ese proceso) será aún largo y complejo. Pero de su éxito puede depender el futuro de la Policía Nacional.

Ingenieros de lo invisible.

Con meditación, oración y yoga, miembros del ESMAD en Medellín están  aprendiendo el manejo de sus emociones | Minuto30.com
Una imagen de la sesión de Yoga con agentes del ESMAD.

La semana pasada, mientras el país intentaba encontrarle sentido a los abusos policiales que produjeron al menos doce muertos y más de un centenar de heridos durante las protestas nacionales por la muerte del abogado Javier Ordóñez, precisamente, durante un procedimiento de la Policía, la Alcaldía de Medellín presentaba con algo de orgullo un proceso de meditación y regulación de emociones adelantado unos días atrás con miembros del ESMAD (Cuerpo Anti-disturbios).

La publicación fue recibida -cuando menos- con «escepticismo» en las redes sociales. Ahora, más allá de la impertinencia (porque era un mal momento para estar sacando pecho por acciones de gobierno), la dureza de las respuestas de las personas se podrían explicar en dos posiciones principalmente: La primera duda de la efectividad de este tipo de intervenciones y procesos, la segunda lo asocia a “la cultura ciudadana de Mockus”, sugiriendo de manera injusta que era algo que aunque llamativo, sería inútil.

Al respecto, vale la pena señalar que la utilización de aproximaciones poco ortodoxas para tratar asuntos de reforma policial no son tan extraños como parecen, desde el replanteo del trabajo en gestión humana de la fuerza, la utilización de economía del comportamiento en su reclutamiento, usar ejercicios de Mindfulness para mejorar niveles de estrés y hacer uso del arte y la cultura como nuevo lenguaje para la relación con los ciudadanos. Pero (y este es un gran pero), el lío aquí parece ser la vinculación demasiado segura a que una única intervención de este tipo es capaz de resolver los problemas estructurales que enfrenta la Policía.

También es un error común que toda intervención o acción pública que haga uso de simbolismos, educación no formal, arte o en general, algún instrumento inesperado entre las grises y bien conocidas alternativas de intervención del Estado, es una acción de “cultura ciudadana” (Para esto, vale la pena leer el capítulo de Henry Murraín en el libro «Antípodas de la violencia» del BID). En este caso no solo no lo es porque no parece enmarcarse en el objetivo de alinear sistemas regulares, sino porque además sus promotores no lo ven de esta forma.

Así las cosas, lo del ESMAD en Medellín parece ser inconveniente por lo insuficiente, lo anecdótico, lo impertinente, no tanto porque no haga parte de las alternativas posibles, ni porque sea supuestamente «de cultura ciudadana». Resulta fundamental que reconozcamos no solo la posibilidad de efectividad en estas acciones, sino y sobre todo, de sus limitaciones cuando no están cumpliendo el papel de acompañar ajustes estructurales.

Y es que al final ese es el problema central: Asumir que una acción pedagógica, simbólica o de intensificación en la comunicación de un día es capaz de superar problemas fundamentales del orden social. Porque, pensar que estos ejercicios, por valiosos que puedan ser cuando se hacen bien, son resolverán los profundos problemas asociados a los incentivos, la cultura organizacional y la historia de la Policía Nacional es absolutamente inocente.

Esto no es, ni mucho menos, un reniegue sobre la importancia de la acción cultural para acompañar un proceso tan relevante como la reforma policial en Colombia. Más bien, supone señalar los límites del enfoque cuando no se acompaña de otras acciones y los excesos (por defecto) de asociar cualquier cosa que nos parezca heterodoxa desde el gobierno como una acción de cultura ciudadana.