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Tapar el número.

Santiago Silva JaramilloDeja un comentario
Enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD.

Al fin, las fuerzas políticas colombianas parecen dispuestas a conversar para intentar dar una tregua a la situación que vive el país. Pero la incapacidad del Gobierno Nacional y la Fuerza Pública de reconocer siquiera la posibilidad del uso excesivo de la fuerza, del abuso y de los episodios (¡incluidos homicidios!) en donde la evidencia en video es clarísima, es uno de los obstáculos más grandes a los diálogos que pretenden desescalar la violencia en las calles. No es solo una cuestión del inicio de investigaciones sobre casos concretos (lo que es bienvenido, por supuesto), sino el reconocimiento y la acción efectiva para evitar que sigan ocurriendo.

Porque tratar esto como casos aislados es muy problemático e implica desconocer las responsabilidades institucionales y de mando. La Fuerza Pública colombiana tiene profundos problemas institucionales, muchos de ellos son legado de décadas de conflicto armado y guerra degradada. Un preocupante ejemplo es la práctica (generalizada en los agentes de policía en las calles) de taparse su número de identificación y usar el casco en las noches para dificultar los ejercicios de control y transparencia. Está tan extendido por estos días que no parece coincidencia; evidentemente no es una cuestión de comodidad o requisito de la operatividad, intenta reducir la posibilidad de identificación para eventuales procesos disciplinares o penales en caso de abusos.

Esto supone, por lo extendido, o que los mandos no le dan importancia, que lo permiten o que lo ordenan, todas posibilidades terribles. Si la negación es combustible para la indignación y la rabia que manda ciudadanos a las calles, el primer paso para calmar un poco las cosas puede ser reconocer que hay un problema, seguido del anuncio de investigaciones que esclarezcan y la apertura a adelantar los cambios generales que se desprendan de estas investigaciones. El mayor fracaso de la gestión policial es la no protección de la vida de los ciudadanos. Todas las válvulas de control de la institución deberían activarse, rechazando y buscando esclarecer, cuando un policía deshonra de esta forma su mandato constitucional.

De ahí que los llamados a la reforma policial no sean una cuestión secundaria. Es posible pensar que buena parte de los problemas que enfrentamos ahora tengan más que ver con los abusos de la policía durante las manifestaciones que por la indignación inicial con la Reforma Tributaria. Las conversaciones que se empiezan a adelantar entre actores políticos en Colombia tienen sobre la mesa esta cuestión, aunque desde el gobierno nacional parece haber poca disposición a que esto ocurra. Una nueva torpeza.

Falta de calle.

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No van bien las cosas. Es evidente y, sin embargo, en el crispado entramado de redes, medios y discusiones personales, se sigue tensionando el ambiente. La Reforma Tributaria presentada por el gobierno nacional colombiano, necesaria para financiar los gastos de la pandemia y bajar las cejas levantadas de las calificadoras de riesgo, se encontró con una oposición ciudadana que se convirtió en protestas masivas el 28 de abril. Los hechos de represión de estas manifestaciones y abuso por parte de la Policía han llevado al país a una situación terrible. La reforma fue poco y mal explicada, una mezcla de subestimar la deliberación ciudadana y sobrestimar el trámite de una decisión “técnica” fue su condena (probablemente mayor que las decisiones que las personas suponían como inconvenientes).

Pero no fue solo eso, fue también su impertinencia. Hogares asfixiados por un año largo de pandemia que, como reportó también por estos días el DANE, nos hizo retroceder una década en reducción de pobreza. Las medidas de restricción de la libertad en el marco de la pandemia, sumado a la misma gestión deficiente de los contagios, las muertes y el plan de vacunación solo volvieron más desesperado lo que al final de cuentas terminó siendo una válvula de escape en la forma de una reforma que parecía ir en contravía de la situación. Economistas, funcionarios y entusiastas espontáneos señalaron que la reforma era necesaria, que técnicamente suponía avances en la progresividad tributaria en Colombia. La mayoría de las líderes políticas y los ciudadanos no la vieron nunca así.

Hace poco se ha hecho popular una dicotomía entre la técnica y la política como fórmulas de gestión y comportamiento en los asuntos públicos. En esta discusión, la política ha llevado las de perder –al menos discursivamente-, menospreciada por la objetividad y la “justicia” de las decisiones y formas de la tecnocracia. La dicotomía también supone un falso dilema. No es una cuestión de escoger, sino de equilibrar. Las decisiones públicas sin técnica pueden ser irresponsables; las decisiones públicas sin política y ciudadanía suelen ser torpes e impositivas.

Esto también exige el reconocimiento de que hay conocimiento valiosa más allá de las universidades, equipos técnicos y gremios especializados. Las comunidades saben mucho sobre sus problemas, tienen experiencias valiosísimas sobre sus realidades. Desconocerlo, no tenerlo en cuenta, puede resultar terriblemente inconveniente y en ocasiones, simplemente poco estratégico.

Reivindicar la política en esta discusión no solo es un llamado a la realidad, que puede verse como un aporte del pragmatismo. En efecto, la política permite afinar ideas y decisiones a través de la deliberación y la compresión contextual, pero, sobre todo, permite dotar de legitimidad a las políticas y acciones públicas. La legitimidad de las decisiones públicas obliga a alcanzar consensos sociales; es decir, acordar mínimos que sean incluyentes y garanticen la mayor cantidad de participación posible. Esto suele ser complejo de lograr y en ocasiones costoso, pero puede mejorar sustancialmente las posibilidades de éxito de una decisión pública.

Ahora, la falta de calle de la reforma como decisión y su propuesta como proceso no solo impidió un cambio (insisto, “posiblemente” deseable), sino que puso en movimiento la cadena de eventos que tienen a muchos ciudadanos en el lugar en el que se encuentran ahora. En la calle.