Hace poco más de una década, luego de una convocatoria adelantada por la oficina de Relaciones internacionales de la Universidad EAFIT, tuve la oportunidad de participar en un «intercambio cultural» con una universidad en Suiza. Un grupo de estudiantes colombianos (de Medellín, más precisamente), viajamos por una semana a un tour rápido por varias ciudades alpinas. La idea era que un estudiante de la universidad suiza nos recibiera en sus casas (seríamos recíprocos con la hospitalidad al recibirlos en nuestras casas también cuando, unas semanas después, vinieran a Colombia). Aunque mi anfitrión fue bastante amable y respetuoso durante todo el proceso, su compañero de apartamento no empezó muy bien. Al llegar a su casa, el hombre aprovechó que estaba desempacando mi maleta para entregar varios regalos que llevaba, como buen visitante, para preguntarme si entre esos detalles traía algo de cocaína.
Más que ofensa, intenté tomarlo como oportunidad pedagógica. Le expliqué lo injusto de esa generalización, pero insistí en que esa conexión era ofensiva no solo por las implicaciones de que tomara un prejuicio para calificar a «todos los colombianos» como narcotraficantes, sino el dolor asociado a la violencia relacionada a la lucha contra las drogas. A pesar de los esfuerzos y algunos asentimientos de su parte, siempre he pensado que logré poco. No tanto respecto al estereotipo colombiano en su cabeza europea, sino, sobre su disposición (que todos compartimos en algún momento) de usar un hecho o personaje particular para generalizar una característica -casi siempre negativa- de todo un grupo de personas.
Es una injusticia que tengamos que sufrir las consecuencias de los crímenes de personas con las que compartimos una característica tan aleatoria como la nacionalidad. La generalización desde una característica tan arbitraria como el lugar de procedencia (o la etnia, religión u otra calificación de corte tribal), es además prima de la deshumanización. Puede desembocar en la justificación de acciones terribles, institucionales o sociales, contra ese grupo de personas.
Digamos entonces que (casi) todas las generalizaciones son peligrosas. Y el casi busca, sobre todo, respetar la regla propuesta, pero podemos decir que las generalizaciones, sobre todo las que califican a las personas, pueden ser peligrosas y en particular, injustas. Por eso, la necesidad social (y la exigencia a nuestros políticos y líderes sociales con audiencia y poder de decisión) de evitarlas a como dé lugar, incluso si esto tiene implicaciones para su popularidad u otros intereses.
Por todo esto, resultan muy preocupantes las representaciones xenofóbicas que han entrado a las discusiones de la agenda política colombiana en los últimos días. Es un despropósito asociar un crimen particular a toda una población -sobre todo una vulnerable como una que ha migrado de manera irregular en su mayoría-, primero, por las razones de injusticia que señalé anteriormente, pero también porque la evidencia señala una falta de conexión entre un aumento de migración y un aumento en la violencia.
Si ponernos en el lugar de los otros es un mínimo de sentido humano; si solo la empatía puede ser una vara baja, pero necesaria, al menos no cometamos con otros las injusticias que tanto nos han dolida y por las que tanto hemos renegado.
Una caricatura de Barreto sobre los políticos y las vacunas.
La semana pasada los medios de comunicación y sociales dieron vueltas con las imágenes de los políticos colombianos (la mayoría electos) tomándose fotos, armando eventos y dando discursos con la llegada y la puesta de las primeras vacunas al país. Aunque odioso, esto no es extraño. Hace parte de una vieja tradición no exclusiva, aunque practicada con entusiasmo, por nuestros político de “aparecer en la foto”, de “cortar la cinta”, de “entregar la ayuda”. El protagonismo permite no solo asociarlos a soluciones y exigencias ciudadanas, sino ganar algunos réditos políticos de asuntos que pueden ser populares con las personas. También, hay una lógica y estética de patronazgo asociada; una especie de «gracias a mí pasa esto» que en ocasiones influencia buena parte de las acciones de comunicación pública de los gobiernos colombianos.
Esto no solo pasa con las vacunas. Es viejo y encostrado, una practica política tan común como normalizada por nuestros gobernantes. Si quisiéramos evitarla o reducirla, podríamos empezar por dejar de tener oportunidades de fotos, excusas para cortar cintas. Pero acabar con las inauguraciones, entregas y eventos de presentación también podría tener la desventaja de dejar pasar una oportunidad para sacarle a estas acciones su saldo pedagógico muy potente sobre los asuntos público. El saldo pedagógico es una idea de Antanas Mockus, señala que toda acción de gobierno es susceptible (y debería usarse) para enseñar algo, plantear una conversación o invitar a una reflexión de parte de ciudadanos y gobernantes.
Imaginen entonces una lotería. Juega entre las facturas del predial y el impuesto de industria y comercio en las ciudades. Quienes ganan reciben una invitación para, en representación de los demás contribuyentes, entregarle la obra a la ciudad. Y ocurre con algo de la pompa de antes: orden del día, presentación artística, incluso si algunos de los invitados se anima, una palabras. Y al final, cuando sea momento de la foto, de la cortada de la cinta, de los aplausos apabullantes, es un ciudadano que puso para eso el que aparece ahí. La entrega como acto pedagógico sobre lo público, la contribución impositiva y la acción conjunta del Estado, no como acto electorero de patronazgo. Una dicha.
En el caso de la vacunación también pudo haber ocurrido. Los médicos y el personal de salud como protagonistas (y súmele un par de contribuyentes iniciales y engalanados de bioseguridad). Una representación de lo que logramos todos con nuestros aportes a lo que es común y no una «ejecutoría» de la benevolencia del magnánimo gobernante. Para esto necesitamos más gobernantes preocupados por la agenda pedagógica que es gobernar y menos aplausos para lo de la foto. Lo segundo ocurrió mucho la semana pasada, cuando la opinión pública en su mayoría rechazó o se burló de los actos y fotos de las vacunas. Lo primero parece más lejano y difícil. Pero es necesario.
Jose Biden, presidente de Estados Unidos, fue una de las primeras personas en recibir la vacuna del COVID-19 en su país. El hecho se presentó como una muestra de confianza en la seguridad e importancia de la vacunación en un país dividido por las actitudes respecto a la vacuna.
De acuerdo a una reciente encuesta del DANE, el 59,9% de los colombianos se pondrían la vacuna del COVID-19 y aunque es un pequeño aumento respecto a las cifras de finales del años pasado, el hecho de que cuatro de cada diez personas en el país reporten no querer vacunarse es sumamente preocupante. Buena parte de la efectividad de las vacunas depende de que una cantidad suficiente de personas sean vacunas para lograr inmunidad de rebaño; esto es, la reducción sustancial de la probabilidad de trasmisión y la la disminución de la gravedad de la enfermedad si uno se contagia. En algunos países donde la vacunación avanza, ya se pueden evidenciar las sustanciales mejorías en la presión sobre el sistema de salud y la caída en casos graves y muertes.
Descartando las opciones coercitivas (obligar a las personas a hacer algo que no quieren), queda la posibilidad de usar medios como la comunicación pública y la reflexión social para persuadir a los indecisos o reticentes. Una de estas alternativas que se han popularizado en lugares en donde el debate por las vacunas ha sido profundamente politizado, como Estado Unidos, es la unidad de parte de la clase política en su apoyo a la vacunación, recibiendo ellos mismos las vacunas de primeros para demostrar su confianza en al seguridad e importancia del proceso.
Vacunar a los líderes políticos de primero no es caprichoso, hay buena evidencia de que las actitudes generales respecto a la pandemia, las mediadas de cuidado y en particular, la vacunación de presidentes, primeros ministros, congresistas y demás servidores públicos electos, influye en las posiciones de los ciudadanos. Al final de cuentas, vacunarse supone una expresión visible, sencilla y eficiente de demostrar la confianza en la vacuna; muchas horas de explicaciones y discusiones sobre lo seguro del proceso o lo relevante para combatir la pandemia pueden no resultar igual de efectivos.
Por supuesto, episodios como el uso de las prerrogativas del cargo para lograr vacunar a personas cercanas (como supuestamente hizo el Ministro de Salud de Ecuador), en nuestra larga tradición de nepotismo y favoritismos para lograr ventajas hasta en temas inesperados como este, son precedentes complicados. La idea de que vacunarse de primeros es «aprovecharse» del cargo estaría en la cabeza de muchos. Sería una percepción justa, dada la historia, pero puede que al final, por el bien mayor de convencer a más personas que no quieren vacunarse, puede ser un costo asumible y necesario.
Ahora bien, aunque vacunar a los principales líderes políticos de forma pública y publicitada es importante, no es lo único posible. Es fundamental que el país se embarque en un amplio esfuerzo pedagógico para la vacunación. Mejorar la comprensión del proceso que lidera el Ministerio de Salud, y usar herramientas comunicacionales como la empatía, la personalización de la información, la atención detallada de los escépticos y la puesta en marcha de normas sociales resultan fundamentales. Y como siempre, para ayer era tarde.
¿Existe el centro como inclinación ideológica? Y si sí ¿Qué lo diferencia de la derecha o la izquierda? Dos preguntas que las últimas semanas han puesto a escribir a académicos y opinadores de todo el país con conclusiones particularmente dispares. La discusión es relevante más allá de implicaciones conceptuales, la negación del centro como lugar de identificación ideológica hace parte de las estrategias electorales de los costados. Y es una estrategia relevante, pues no solo la mayoría de los colombianos se autodenominan “de centro”, sino que hay un candidato que por ahora aparece en los primeras lugares de intención de voto para las presidenciales de 2022 que lo hace.
Este contexto es relevante porque puede explicar algo de la virulencia de esta discusión, sobre todo en redes. Más que añadir a lo que ya es una larga lista de columnas, notas y artículos sobre las especificidades ideológicas o no del centro, me gustaría resaltar un elemento que aunque ha sido nombrado en varias ocasiones es, digamos, “central” en la distinción: la posibilidad de la equivocación, la apertura al error y a nueva información.
Es decir, que si en los extremos todo son certezas, en la mitad hay espacio para las dudas. Esa probablemente sea la más significativa diferencia entre el centro, la derecha y la izquierda, así como la similitud entre estas últimas es lo difícil de convencerlos de lo contrario. Algunos llamaran a esta duda como tibieza o denunciarán lo que ven como “falta de carácter”, pero de inamovibles está también pavimentado el infierno. El centro se puede dejar convencer, se puede preocupar por las ideas según la evidencia que las soporte y la efectividad que muestre para resolver problemas y no, en su etiqueta. Esa es su gran ventaja e incluso atractivo para muchas personas. La política como el esfuerzo por hacer mejor la vida de las personas y no como la plataforma para promover una visión personal y grupal que tengamos del mundo.
Que todo esto presuponga un sistema liberal y democrático ya ha sido señalado por varias personas antes, pero esto tiene poco valor si en ese escenario no se reconoce la posibilidad personal del error y la posibilidad grupal de la equivocación. Es en la duda sobre las percepciones, valoraciones e ideas propias en donde el centro puede ganar en practicidad y efectividad a la hora de gobernar. Para quienes nos consideramos de centro y para quienes hacen política desde ahí, resulta fundamental que este no sea una característica menor de nuestras discusiones. El centro amanece todos los días en la apertura de aprender de los otros lugares, en la oportunidad reconocida de que desde las ideas tradicionalmente asumidas en derecha e izquierda puede haber pistas para resolver nuestros problemas colectivos. En la convicción de que su único inamovible es el compromiso con la evidencia, la deliberación, la democracia, la libertad y el Estado de derecho.
Una tradición que se resiste, muñecos de años viejo en diciembre de 2019.
Seguro ya los preparan en bodegas y casas; imagino la ropa vieja, los miembros de trapo y la cabeza de papel maché con las extremidades púrpuras del odiado bicho. Los años viejo del Covid-19 estarán pronto asomándose a carreteras intermunicipales y glorietas de todo el país; similar a la urgencia que sentimos todos y que parece ya un acuerdo colectivo de la necesidad de que termine este año. Y los quemarán por montones en esas semanas de festejos sobre lo que queremos dejar atrás, como si los humos de miles de muñecos de trapo pudieran hacer competencia a Pfizer y su vacuna en espantar la pandemia.
En todo el país diciembre es momento de celebración. Las fiestas, reuniones, el consumo de alcohol, la quema de pólvora, la música a altos volúmenes, en fin, las pesadillas del Código de Policía y las de las más recientes y apremiantes medidas de bioseguridad. Pero diciembre también es el momento que millones de colombianos esperan para ver a sus familias, reunirse con amigos y vecinos y obvio, despejar cabezas y corazones. Hay algo catártico en la manera como históricamente asumimos el fin de año. De ahí los anuncios en emisoras populares desde septiembre que “ya llegó diciembre” y las decoraciones de navidad que se asoman por ventanas y balcones desde el 1ro de noviembre y sobreviven hasta casi finales de enero.
Gracias a la suma de esta “expectativa acumulada”, las reuniones y sobre todo, el consumo, no es extraño que el fin de año sea una de las épocas más violentas (en cuanto a convivencia) en las ciudades colombianas. Otros problemas como la quema de pólvora, los incidentes viales y hasta los quemados por líquidos calientes se incrementan. La alegría inunda la navidad como llamadas al 123 el 31 de diciembre. A riesgo de parecer mojigato, y aclarando cualquier sospecha de “grinch”, es necesario señalar que durante el fin de año hay una cantidad de comportamientos inconvenientes que se incrementan en Colombia. El asunto supera (aunque se conecte) con la quema de pólvora y el consumo excesivo de alcohol. Los problemas de convivencia como las riñas, y los delitos como lesiones personales y violencia intrafamiliar, son tristes protagonistas de la celebración.
El fin de año acumula tensiones de los doce meses previos y parece ofrecer oportunidades de válvula de escape. En un año tan complicado como este, resulta preocupante pensar en las cosas que podrían salir disparadas del otro lado. Es importante reconocer -al menos- la probabilidad de que para este fin de año haya todavía más impulsos que en la historia reciente. Esto resulta inconveniente no solo por los problemas comunes de la época, sino por la coyuntura en la que nos encontramos.
Nada de lo anterior debería tomarse como una invitación a echar mano de los repertorios de coerción que los estados locales han desarrollado durante la pandemia. Tampoco, que debamos obviar la pandemia en medio de la que nos encontramos. Discúlpenme la tibieza de pedir por el uso consciente de cada medida en caso de necesidad. Pedagogía y movilización ciudadana siempre que sea posible, coerción y control cuando sea necesario. Para esto contamos con buenas pistas y evidencia sobre grupos manejables, arreglos logísticos seguros e indicaciones de comunicación pública clara y conductual. La subestimación a estas herramientas que superan toques de queda que se intuye en la manera de tomar decisiones de muchos gobiernos no augura nada bueno.
Esta semana terminé de leer «Democracia Feroz» de Gustavo Duncan (2018). El libro busca esclarecer un fenómeno particular de la democracia colombiana: las limitaciones que tiene la sociedad civil y la ciudadanía del país para regular y castigar a una clase política particularmente corrupta. Esto resulta llamativo porque, como señala Duncan, la democracia colombiana reúne muchos elementos de lo que idealmente supondría una versión liberal y moderna, desde un diseño institucional con pesos y contra pesos y un sistema electoral con buenas pretensiones de representatividad (en particular luego de la Constitución del 91), una prensa mayoritariamente libre y sobre todo a nivel nacional, relativamente independiente de los poderes políticos, y poblaciones urbanas, educadas y políticamente activas en muchas de las ciudades grandes y medianas del país.
La respuesta de Duncan para esta pregunta pasa por dos argumentos principales. El primero, la relación histórica entre clientelismo, narcotráfico (y paramilitarismo) y la clase política, sobre todo regional, del país. La segunda, la naturaleza informal de la economía colombiana y la necesidad de esta (como de las economías ilegales) de gozar de protección de parte de la clase política. La corrupción en este escenario es solo la moneda de cambio mediante la que se concretan los beneficios del intercambio de esta «mercancía política». Así, el hecho de que más de la mitad de los trabajadores colombianos se desempeñen en la informales y en los eslabones asociados a actividades ilegales como el contrabando, la piratería o el mismo narcotráfico, limita las opciones de oposición de la población a los política capaces de proteger esas economías, pero también los vuelve susceptibles de entrar a hacer parte de las clientelas de los políticos, los contratistas o los dueños de estos negocios.
El libro sugiere la relevancia de asuntos culturales, tanto de la forma cómo nos gobernamos y concebimos la política, como de las formas de asociación a la ley, aunque no son su principal puntos de interés. Leyéndolo, sin embargo, es inevitable pensar en qué elementos de las valoraciones de los ciudadanos colombianos pueden estar contribuyendo a nuestra torpeza a la hora de regular a la clase política. Propongo dos inicialmente: la normalización de la corrupción política y la disonancia cognitiva sobre ideas políticas.
Por normalización me refiero al hecho de que existe una creencia en buena parte de la población colombiana de que «todos los políticos roban». Algunos datos lo sugieren. En la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín de 2019 el 83% de las personas estaban de acuerdo con que «más de la mitad de los funcionarios públicos eran corruptos», en las otras ciudades donde se ha hecho la encuesta este porcentaje es del 87%. No sorprende que en la misma encuesta, solo el 8% de los encuestados en Medellín confíen en «los políticos» y en las otras ciudades, el 5%. En la Encuesta Mundial de Valores de 2019, solo el 2,6% de los colombianos señalaron que ninguna de las autoridades públicas estaban libres de corrupción.
Esto supondría una idea generalizada de que los “políticos roban” y de que la política como labor es inseparable de algún grado de beneficio personal por encima de la conveniencias públicas. Esto no solo puede actuar sobre votantes y ciudadanos que parecerían anestesiarse contra noticias sobre algunas cosas “menores” o esperables del quehacer político, pero también crear un entorno de normas sociales para los mismos políticos, respecto a lo que es esperado y deseable y lo que no, en su trabajo. De esta manera, el “todos lo hacen, por tanto no está tan mal” funcionaría hacia dentro y hacia afuera, en algún grado, de la política.
El segundo asunto intentaría explicar la razón por la que una persona defiende a un político acusado o condenado por un acto de corrupción y del que no recibe ningún beneficio directo (en la forma de protección o recurso material vía clientelismo). Esto puede explicar el apoyo que muchos políticos que basan su poder en las formas tradicionales y novedosas de la corrupción tienen en grandes ciudades o incluso, en el llamado «voto de opinión». Aquí podríamos decir que algo de ese apoyo, y en particular de esa defensa, se presenta por fenómenos de disonancia cognitiva respecto a las ideas y apoyos políticos. Para este tipo de disonancia, la polarización y los medios sociales son los mejores aliados. La primera caldea el ambiente de la discusión pública y «une» mucho más cada facción respecto a tener la razón y a que los demás estén equivocados. Los medios sociales permiten intercambiar información parcial y beneficiosa solo para un lado (al igual que información falsa o que pone en duda la información oficial o de medios tradicionales), como nunca antes.
Duncan termina el libro llamando a una agenda de abordaje de la corrupción en el reconocimiento de lo que funciona, investigación independiente de medios, presión de la sociedad civil, y de lo que es necesario que pase, en particular la inclusión y amansamiento de los amplios sectores de economía y política colombiana en la informalidad. La comprensión de los elementos culturales y conductuales asociados también suponen un paso adelante sobre una agenda siempre urgente y fundamental para estos años de cambio en Colombia: la lucha contra la corrupción.
La aseguradora «Lemonade» es un muy buen ejemplo de la importancia de la confianza como elemento principal de la estrategia de negocio y las preocupaciones sociales de una empresa.
¿Usted confía en su banco? ¿O en su prestador de servicio de telefonía, en su empresa de servicios públicos o en su cadena de comida rápida preferida? Si la respuesta es positiva ¿por qué y en qué se ve reflejada esa confianza? ¿En comprar de nuevo o adquirir un nuevo producto, en pagar a tiempo, en recomendarlo a otros, en sentir que los logros de la organización son logros propios (o cercanos)? ¿En defender a la empresa si alguien habla mal de ella o intenta pasar legislación que es inconveniente?
El sicólogo y economista Dan Ariely propone cinco pilares de la construcción de confianza entre instituciones y organizaciones (en particular empresas) y las personas que se relacionan de forma directa o indirecta con ellas. El primer pilar, las relaciones de largo plazo señala la relevancia de que las interacciones entre persona y organización puedan ser repetitivas, sostenidas y por un periodo extendido de tiempo. El tiempo permite estabilizar expectativas y genera reputación, así los involucrados en las interacciones tienen mejores pruebas sobre la confiabilidad de su contraparte. En general, las relaciones de largo aliento son relaciones basadas en la confianza y las interacciones repetitivas son más beneficiosas para los involucrados porque ambos saben que pueden beneficiarse y sobre todo, que no serán dañados por el otro.
El segundo pilar de Ariely es la transparencia. Esto es, la disposición de la organización a comunicar sus decisiones y acciones, a explicar sus motivaciones y en general, a estar dispuesto a responder y atender los requerimientos sobre sus actuaciones sin intentar evitar que sean evidenciables. El tercer pilar, muy relacionado con el segundo, es la intencionalidad, es decir, la posibilidad que tienen las personas de conocer y reconocer como benevolentes, las intenciones que tiene la organización al tomar decisiones y emprender acciones específicas. Si la transparencia supone que hay que «parecer», la intencionalidad, que hay que «ser». Las empresas que además de transparentes son capaces de evidenciarle a las personas que sus intenciones son socialmente convenientes suelen ser más exitosas a la hora de establecer relaciones de confianza con sus clientes y la sociedad en general.
El cuarto pilar de Ariely es la regulación (o vindicación o posibilidad de castigo). Señala la importancia de que las personas puedan regular a la organización, presentar quejas y reclamos, por ejemplo, y que esos requerimientos no solo sean atendidos, sino que se establezcan canales abiertos, robustos y sencillos para que esto ocurra tanto como sea necesario. El quinto y último pilar de la confianza institucional para empresas es la alineación de incentivos. Para Ariely uno de los principales elementos de la confianza es la conexión entre las motivaciones, ideas e intereses de organizaciones, clientes y personas. Esto es, la posibilidad de que quieran lo mismo y sepan que quieren y hacen las cosas por lo mismo. Esto parece evidente, pero no por eso es más común ¿Cuántas empresas en Colombia le preguntan a las personas que constituyen sus clientes o actores de interés por la definición de sus agendas sociales o de responsabilidad social corporativa? ¿Cuántas los involucran en la definición de sus políticas éticas o de reducción de daño a terceros?
Ariely no solo escribe sobre los ideales de las agendas de construcción de confianza empresarial. Su trabajo con Lemonade, una aseguradora estadounidense que ayudó a definir esta misma propuesta de cinco pilares, ha constituido un modelo de negocio en el que la confianza que deposita en las personas supera el discurso. En Lemonade, los asegurados pueden pedir un seguro y cobrarlo sin la gran mayoría de garantías y pruebas que otros seguros suelen exigir. Esto no solo lo hace mucho más ágil que los competidores, lo hace ver más benevolente y confiado. Depositar confianza en las personas suele producir reciprocidad de su parte; ese compromiso implícito de la acción confianza suele verse recompensado. La empresa también utiliza parte de sus ganancia para hacer donaciones a varias causas sociales, pero lo hace según ha sido definido por sus propios clientes. La prosocialidad de la acción corporativa no solo es necesaria, debe permitir involucrar a sus clientes y actores de interés y si es posible, hacerlo participes de sus agendas de impacto social.
Al final, la cuestión sobre la confianza en las empresas, la propuesta de Ariely y las experiencias de Lemonade señalan la importancia fundamental que las organizaciones empresariales deben dar a dos preguntas ¿Qué tanto confían realmente en sus clientes y en las personas? y ¿Qué estarían dispuestas a hacer para manifestar esa confianza?
Hace unos días las camisas desgarradas de Twitter se volvieron a desgarrar por una intervención musical que la aerolínea Avianca realizó en uno de sus vuelos junto a la Filarmónica de Medellín. Los instrumentos escogidos, los vientos, no fueron para nada bien recibidos en la mitad de una pandemia global que se contagia principalmente por medio de la saliva de las personas. La idea hubiera resultado bonita en otro contexto y también da cuenta de la difícil situación en la que se encuentra el sector cultural nacional por culpa de las limitaciones de actividades que siguen delimitando la cotidianeidad del fin del mundo.
Por esos mismos días, un «youtuber» (¿o Influencier? Ya es difícil distinguir estos títulos) del Caribe colombiano publicó un video con cámara escondida en el que le daba cachetadas a un cómplice que usaba incorrectamente el tapabocas en la calle, siempre junto a algún desprevenido con el suyo por debajo de la boca o nariz. El video fue un éxito de viralidad y muchos de los comentarios reconocían, probablemente con cierta ironía, el potencial de la broma para promover el uso del tapabocas en Colombia.
No son las únicas «malas» ideas recientes relacionadas con la activación cultural y la agenda de prevención de la crisis del COVID-19, en esta lista en Twitter se ha ido recogiendo una selección amplia y diversa de acciones (cuando menos, extrañas) para promover los comportamientos de cuidado en la pandemia. Esto no pretende señalar que no hayan muchos asuntos interesantes sobre la utilización de la intervención cultural en esta crisis, como el uso que están dando varias administraciones municipales y distritales colombianas (en particular Bogotá y Medellín) a las normas sociales sobre uso de tapabocas y mantenimiento de distancia física.
Las acciones artísticas también pueden ser fundamentales para evidenciar la magnitud de la tragedia que ha supuesto el COVID-19 y las fallas de los gobiernos a la hora de proteger a sus ciudadanos, como esta instalación de 20.000 sillas por parte de sobrevivientes del virus para «visualizar» una por cada diez personas muertas en Estados Unidos. De ahí que hablar de intervenciones «malas» no sea una crítica a lo llamativo o teatral. Precisamente en Bogotá se ha desplegado «Alas de distancia«, una estrategia en la que grupos de artes escénicas disfrazados de colibríes intervienen espacios críticos para recordar a las personas las distancias seguras en el espacio público.
Así las cosas ¿Cómo podemos distinguir a las «buenas» de las «malas» ideas de intervención cultural en este contexto? Aquí tres criterios, incompletos, para avanzar en esa dirección.
El primer criterio es algo obvio, pero no por eso menos importante: la intervención o acción no debería suponer un riesgo en sí misma (o un uso irresponsable o mentiroso de la información). Un ejemplo para esto son las intervenciones que suponen la aglomeración de personas, sean como espectadores o parte de la intervención. En Indonesia la utilización de «ataúdes para reflexionar» sobre el mal uso del tapabocas supuso la confirmación de masas de curiosos. Lo que hicieron Avianca y FilarMed entraría en esta categoría.
El segundo criterio se refiere al diseño basado en un comportamiento específico. Este criterio puede no implicar la inconveniencia general de una intervención, pero claramente es importante que una vez se despliegue la acción, sea evidente para las personas qué se espera de ellos. Acciones demasiado generales, como muchas de las que han intentado aumentar la percepción de riesgo con el uso del miedo, pueden reconocerse desde esta limitación. La Policía Nacional colombiana, por ejemplo, organizó durante las primeras semanas de cuarentena desfiles funerarios centrados en asustar a las personas para cumplir las medidas del gobierno.
El tercer criterio se refiere a la expectativa puesta en la agencia y las motivaciones de las personas, y la información disponible y recolectada para ese diseño. Digamos que es un criterio sobre la forma en la que se diseñan intervenciones que buscan, al final, modificar un comportamiento que se asume es socialmente inconveniente. Promover el uso correcto del tapabocas, facilitar el cálculo de las distancias de seguridad (mientras de motiva su cumplimiento), aumentar el lavado de manos luego de situaciones de riesgo, no es ni sencillo, ni debería subestimar la importancia de tener un amplio conocimiento sobre las motivaciones, las oportunidades y las capacidades de esos comportamientos y las funciones de intervención que mejores resultados pueden lograr.
De esta manera, ni darle cachetadas a la gente cuando no usa tapabocas, ni tocar trompetas en un avión parecen ser buenas ideas. Tampoco los disfraces por los disfraces, o el miedo por el miedo. Si queremos evitar el camino al infierno es importante reconocer esto: las equivocaciones y los aciertos, los lugares y escenarios en donde parece que se toman decisiones basadas en conocimiento y preocupadas por su efectividad desde el cambio cultural y en dónde no.
«Los 270», una activación de visibilización de las víctimas de incidentes viales en Medellín en 2017.
Esta semana, la trágica muerte de José Duerte, un ciclista lanzado fuera de un puente al ser embestido por un conductor en la vía a Sopó. La atención de medios y redes sociales se dirigió hacia los incidentes viales, en particular los que involucran a ciclista y su vulnerable situación en Colombia, con reportajes, videos de nuevas denuncias y declaraciones institucionales sobre programas, acciones y voluntades políticas. Sin embargo, no será sorpresivo que en los próximos días (si es que ya no está ocurriendo) el tema vuelva a caer en la oscuridad del anonimato cotidiano.
Ese es uno de los principales líos para abordar con los recursos y decisiones necesarias el problemas de seguridad vial del país: la naturaleza dispersa y «cotidiana» de los choques, lesiones y muertes. Sus efectos, que no son ni subestimarles, ni pequeños, se normalizan con mucha facilidad. Por eso la insistencia de académicos, organizaciones y académicos que trabajen en la seguridad vial de llamar a los incidentes así, y no «accidentes», intentado resaltar que son prevenibles y bajarle un poco a la percepción de que son «cosas que pasan». En efecto, en tanto la gran mayoría de los incidentes viales ocurren por fallas humanas, por comportamientos, son absolutamente prevenibles y exigen la intervención activa y decidida del Estado.
De acuerdo a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2019 murieron 6.634 personas en incidentes viales en Colombia. Este año tiene cifras «atípicas», explicadas por el encierro y reducción de la actividad producto de la pandemia, por eso casi todas las municipalidades y el mismo gobierno nacional señalan reducciones en incidentes, en particular entre marzo y junio de 2020. Pero el año pasado en Medellín murieron 247 personas y 31.629 resultaron heridas, según el Observatorio de la Secretaría de Movilidad. Las características del fenómenos son también bien conocidas; sus protagonistas, bien entendidos. Por ejemplo, la relevancia de los motociclistas, jóvenes y hombres en todo esto. El 21% de los muertos y el 28% de los lesionados en la ciudad son hombre de entre 20 y 29 años que conducían una moto.
Los puntos de mayor riesgo también están muy bien definidos (al menos en las grandes ciudades), usando de nuevo el ejemplo de Medellín, hay muy buena información de que las glorietas son los puntos más álgidos en incidentes. Sabemos también que el exceso de velocidad, la falta de pericia y los problemas de «convivencia» en la vía (como el que ocasionó la muerte de José Duarte) son las principales causas.
Así pues, Colombia tiene una necesidad urgente de adelantar una agenda nacional de seguridad vial y cultura ciudadana para las vías. La mejor manera de honrar a las víctimas de estas fallas del Estado es intentar solventarlas esas fallas; comprometerse a reducir las muertes en las vías del país, echando mano de todo el conocimiento que tenemos. Hay mucho por hacer para mejorar la convivencia de los actores viales en las vías (en particular, para proteger a los más vulnerables). Por el lado de la pedagogía, siempre apreciaré mucho este ejercicio basado en la empatía, el programa de cultura ciudadana de Medellín «En los pedales del ciclista» o campañas de comunicación como «Estrellas negras» que conectaron la percepción de riesgo, la visibilización del fenómenos y el uso de referentes culturales colombianos.
Pero el primer paso (y es un paso fundamental) para que esto pueda ocurrir es que el tema no abandone de la manera cómo recurrentemente lo hace, la atención del público, los medios y los políticos. Las presiones cotidianas a los servidores y autoridades públicas que en cada municipio y departamento gestiona esto es clave (secretarios de movilidad o tránsito, directores de policía o entidades de tránsito): preguntarles qué están haciendo, qué pretenden hacer y cuáles son las metas en términos de reducción de incidentes, muertos y lesionados que se han trazado. La acción política de control también ayuda, en Medellín, el concejal Daniel Carvalho dirige una comisión accidental sobre seguridad vial que permite que periódicamente se haga seguimiento a la gestión de la administración pública.
Evitar las normalizaciones de las tragedias también es responsabilidad de quiénes estamos buscando el siguiente motivo de indignación, la próxima tendencia en redes. Al olvidar o distraernos les fallamos a las víctimas pasadas y futuras de este problema.
Agentes del ESMAD de la Policía Nacional durante las manifestaciones del 9 y 10 de septiembre.
En las últimas semanas se han profundizado los problemas que tienen muchas instituciones públicas (y no-públicas) para generar confianza en Colombia. Pero quizás ninguna enfrente una crisis de confianza como la Policía Nacional, después de que en las primeras semanas de septiembre una persona fuera asesinada durante un procedimiento policial y luego varias más en los excesos de uso de la fuerza durante las manifestaciones del 9 de septiembre en Bogotá.
La confianza en las instituciones no es un asunto menor, es un elemento fundamental de las interacciones sociales. La confianza interpersonal, el cumplimiento de las normas, la salud de la democracia, entre otros muchos efectos socialmente positivos, se pueden conectar a la disposición (o no) que tienen las personas a confiar en instituciones como la Policía. En su ausencia, se pueden presentar líos grandes respecto a la relación que las personas establecen con las leyes, el sistema democrático y las disposiciones económicas. Para decirlo con un malabar argumental, las confianzas parecen ser el ingrediente (no tan secreto) del éxito social de las democracias liberales de mercado, y la confianza institucional, una de las partes claves de ese ingrediente.
No solo es por los problemas recientes, los líos de la confianza de los colombianos en la Policía vienen de, al menos, la última década. De acuerdo a los datos de la Encuesta Mundial de Valores en 2017-2020 solo el 24% de los encuestados confiaban en la institución. Este es el punto más bajo en la confianza en la institución desde que la EMV pregunta por ella y eso que la encuesta se realizó previo a todo lo que ha ocurrido este año.
De nuevo, el asunto es todo menos nuevo, siendo un muy buen ejemplo de este dilema esta referencia de Pascual Gaviria a los inicios de la institución policial en Colombia y lo que parece ser la historia cíclica de relaciones tensas con los ciudadanos. Mirar atrás, sobre orígenes y recorrido, también pone en cuestión las motivaciones originales, si la fuerza tiene cómo propósito cuidar a los ciudadanos o mantenerlos bajo control. Parecen motivaciones similares, pero sus fines (y sobre todo sus medios) suponen retos enormes para una democracia. Frente a una fuerza policial fuertemente militarizada, su labor cotidiana parece seguir respondiendo a los retos enormes del conflicto armado y la tarea de fuerza de protección y choque que caracterizó su trabajo en los últimos 30 años.
La mayoría de las respuestas a esta crisis por parte de la Policía, sus mandos y algunos políticos hacen evidente también las dificultades de una reforma policial que ya se propone desde mucho lugares, en particular desde la academia. Las dificultades para mirar hacia adentro con algo de sentido crítico y utilizar ese conocimiento para adelantar cambios necesarios es evidentemente el primero de los obstáculos para imaginar cualquier reforma.
Los incentivos de una organización pueden ser materiales o no-materiales. Un aumento de salario, un bono de fin de año por desempeño o unos días de vacaciones extra son de los primeros, una felicitación, una condecoración o incluso una foto colgada en la pared de «empleado del mes» son los segundos. Los incentivos no solo funcionan como motivadores racionales de la acción de los individuos, «señalan» lo que una organización considera deseable y lo que sus miembros esperarán que haga parte del trabajo cotidiano de todos. Ciertos sistemas de incentivos centrados en los asuntos «más duros» y también superficiales de la función policial, como las capturas o la operatividad, centran la relación policía-comunidad en lo coercitivo y crean más oportunidades (y motivaciones) para los excesos policiales y poco para el trabajo en prevención y relación con los ciudadanos. La propuesta de «Cuidado al cuidador» de Casa de las Estrategias reúne varias ideas al respecto.
La transparencia supone una preocupación sistemática en las estrategias de construcción de confianza de muchas organizacionales. Su popularidad la ponen en tono de lugar común, pero eso no la vuelve menos relevante. En este caso, digamos que la transparencia en las instituciones puede señalarse a través de tres elementos clave: la disposición a comunicar y explicar decisiones, la disposición a recibir y responder críticas de ciudadanos y usuarios y la apertura a realizar de forma efectiva correctivos y modificaciones que respondan a esas críticas. Promover la transparencia no es sencillo y en muchas ocasiones tienen que alinearse intereses, voluntades políticas y exigencias de terceros para que una organización tome los difíciles pasos para hacer de su trabajo uno más transparente.
Por último, está la cultura de la organización policial. Los seres humanos solemos generar lazos de pertenencia con las organizaciones y grupos de las que hacemos parte. Esa disposición se puede ver reforzada por los mecanismos de integración grupal que ciertas organizaciones crean para mejorar la «lealtad» de sus miembros. Normas sociales como el «espíritu de cuerpo» de muchas organizaciones de corte castrense premian la lealtad ciega por encima de la autocrítica, incluso cuando la segunda puede ser más beneficiosa para la organización en el largo plazo. Al tiempo, una fuerza dedicada y centrada en su misión coercitiva y la exaltación de esas metas, llevará el logro individual de sus miembros en esa dirección. Hay, por ejemplo, mucho que hace la policía pero que ni sus mismos mandos reconocen suficiente. Esto es algo señalado ya por Andrés Tobón, ex secretario se Seguridad y Convivencia de Medellín, en una reciente columna: «Dichas experiencias positivas cotidianas, deben ser el producto natural de la interacción del policía con la señora, el señor, los estudiantes, el niño». Reconocerse como fuerza de cuidado, más que de mantenimiento del orden social, del «orden público» puede ser el primer paso en esa dirección.
Nada de lo anterior en sencillo. Aunque haya acuerdo en muchos lugares sobre la necesidad de las reformas, esto no supone que todos piensen que se haga de la misma manera, ni que en los lugares en dónde estas ideas se vuelven decisiones, haya voluntad. El camino que debe recorrer la institución (y quienes podemos velar por ese proceso) será aún largo y complejo. Pero de su éxito puede depender el futuro de la Policía Nacional.
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