Esta semana terminé de leer «Democracia Feroz» de Gustavo Duncan (2018). El libro busca esclarecer un fenómeno particular de la democracia colombiana: las limitaciones que tiene la sociedad civil y la ciudadanía del país para regular y castigar a una clase política particularmente corrupta. Esto resulta llamativo porque, como señala Duncan, la democracia colombiana reúne muchos elementos de lo que idealmente supondría una versión liberal y moderna, desde un diseño institucional con pesos y contra pesos y un sistema electoral con buenas pretensiones de representatividad (en particular luego de la Constitución del 91), una prensa mayoritariamente libre y sobre todo a nivel nacional, relativamente independiente de los poderes políticos, y poblaciones urbanas, educadas y políticamente activas en muchas de las ciudades grandes y medianas del país.
La respuesta de Duncan para esta pregunta pasa por dos argumentos principales. El primero, la relación histórica entre clientelismo, narcotráfico (y paramilitarismo) y la clase política, sobre todo regional, del país. La segunda, la naturaleza informal de la economía colombiana y la necesidad de esta (como de las economías ilegales) de gozar de protección de parte de la clase política. La corrupción en este escenario es solo la moneda de cambio mediante la que se concretan los beneficios del intercambio de esta «mercancía política». Así, el hecho de que más de la mitad de los trabajadores colombianos se desempeñen en la informales y en los eslabones asociados a actividades ilegales como el contrabando, la piratería o el mismo narcotráfico, limita las opciones de oposición de la población a los política capaces de proteger esas economías, pero también los vuelve susceptibles de entrar a hacer parte de las clientelas de los políticos, los contratistas o los dueños de estos negocios.
El libro sugiere la relevancia de asuntos culturales, tanto de la forma cómo nos gobernamos y concebimos la política, como de las formas de asociación a la ley, aunque no son su principal puntos de interés. Leyéndolo, sin embargo, es inevitable pensar en qué elementos de las valoraciones de los ciudadanos colombianos pueden estar contribuyendo a nuestra torpeza a la hora de regular a la clase política. Propongo dos inicialmente: la normalización de la corrupción política y la disonancia cognitiva sobre ideas políticas.
Por normalización me refiero al hecho de que existe una creencia en buena parte de la población colombiana de que «todos los políticos roban». Algunos datos lo sugieren. En la Encuesta de Cultura Ciudadana de Medellín de 2019 el 83% de las personas estaban de acuerdo con que «más de la mitad de los funcionarios públicos eran corruptos», en las otras ciudades donde se ha hecho la encuesta este porcentaje es del 87%. No sorprende que en la misma encuesta, solo el 8% de los encuestados en Medellín confíen en «los políticos» y en las otras ciudades, el 5%. En la Encuesta Mundial de Valores de 2019, solo el 2,6% de los colombianos señalaron que ninguna de las autoridades públicas estaban libres de corrupción.
Esto supondría una idea generalizada de que los “políticos roban” y de que la política como labor es inseparable de algún grado de beneficio personal por encima de la conveniencias públicas. Esto no solo puede actuar sobre votantes y ciudadanos que parecerían anestesiarse contra noticias sobre algunas cosas “menores” o esperables del quehacer político, pero también crear un entorno de normas sociales para los mismos políticos, respecto a lo que es esperado y deseable y lo que no, en su trabajo. De esta manera, el “todos lo hacen, por tanto no está tan mal” funcionaría hacia dentro y hacia afuera, en algún grado, de la política.
El segundo asunto intentaría explicar la razón por la que una persona defiende a un político acusado o condenado por un acto de corrupción y del que no recibe ningún beneficio directo (en la forma de protección o recurso material vía clientelismo). Esto puede explicar el apoyo que muchos políticos que basan su poder en las formas tradicionales y novedosas de la corrupción tienen en grandes ciudades o incluso, en el llamado «voto de opinión». Aquí podríamos decir que algo de ese apoyo, y en particular de esa defensa, se presenta por fenómenos de disonancia cognitiva respecto a las ideas y apoyos políticos. Para este tipo de disonancia, la polarización y los medios sociales son los mejores aliados. La primera caldea el ambiente de la discusión pública y «une» mucho más cada facción respecto a tener la razón y a que los demás estén equivocados. Los medios sociales permiten intercambiar información parcial y beneficiosa solo para un lado (al igual que información falsa o que pone en duda la información oficial o de medios tradicionales), como nunca antes.
Duncan termina el libro llamando a una agenda de abordaje de la corrupción en el reconocimiento de lo que funciona, investigación independiente de medios, presión de la sociedad civil, y de lo que es necesario que pase, en particular la inclusión y amansamiento de los amplios sectores de economía y política colombiana en la informalidad. La comprensión de los elementos culturales y conductuales asociados también suponen un paso adelante sobre una agenda siempre urgente y fundamental para estos años de cambio en Colombia: la lucha contra la corrupción.
Preguntas y comentarios 