Llevamos meses en estas. La vida encerrada por semanas y luego, por goteos indecisos o imprudentes (parece que no hay mucho punto medio) recuperamos algo de la calle. Negocios vuelven a abrir, empresas retoman labores, las personas usan tiempos acordados para trotar, hacer diligencias o tomar algo de aire. Y aunque en el horizonte cercano parece acercarse un aumento de casos (el tan esperado y temido “pico”), es improbable que una cuarentena a nivel nacional como la del primer semestre vuelva a decretarse.
Algunas personas han descrito una característica especial en el COVID-19, una especie de valoración sobre su capacidad de “desnudar” problemas sociales que por alguna razón eran desatendidos o abordados parcialmente. El caso de las deficiencias en los sistemas de salud y prevención epidemiológica del mundo es el más claro, pero hay muchos otros, en particular las dinámicas de pobreza, desigualdad y exclusión a servicios sociales básicos de grandes porciones de la población.
Al forzar nuestros sistemas políticos y sociales al extremo, la pandemia ha puesto en evidencia las brechas, pero también ha agravado o cambiado las dinámicas de algunos problemas públicos que hacen parte de las agendas tradicionales de discusión de política pública. En Colombia, el encierro de los primeros meses dio un respiro al viejo compañero de camino que es la violencia y la inseguridad. Solo en Antioquia, el homicidio tuvo una reducción de casi del veinte por ciento en marzo y abril respecto a los casos del año pasado. Tendencias similares se vieron en delitos como el hurto, la extorsión y las lesiones personales.
Pero no toda la violencia se redujo. La violencia intrafamiliar y de género aumentó (medida en este caso por el número de denuncias, que supone algo de subregistro) y que señaló lo complejo y trágico de un fenómeno en el que aparentemente el aumento en la frecuencia de las relaciones familiares aumenta su incidencia.
Otros problemas públicos en los que la calle y la actividad es fundamental vieron sus cifras negativas reducidas por la cuarentena. Los incidentes viales y sus heridos y muertos se redujeron también; similar a las reducciones en contaminación del aire (explicada en su mayoría por el parque automotor) que vivieron las principales ciudades del país. Pero, de nuevo, otros asuntos como la salud mental y en particular el suicidio se agravaron. En Medellín, durante la cuarentena (hasta finales de mayo) se presentó un aumento del veintiséis por ciento en casos de suicidio.
Y ahora que retornamos poco a poco a una especie de normalidad, también los problemas que parecían haber dado un respiro durante la cuarentena se están desquitando. De nuevo, los delitos aumentan, como si los hurtos y homicidios hubieran quedado pendientes. A los agravados asuntos económicos y sociales del paso de la pandemia hay que sumar los “viejos” problemas de siempre y el hecho de que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos locales han tenido que destinar porciones inesperadas de su presupuesto a atender la emergencia y que los planes de desarrollo locales quedaron en buena medida definidos por las perspectivas de la pandemia.
Ahora bien, como muy razonablemente señala Jorge Giraldo en su más reciente columna en El Colombiano, los problemas que enfrentamos superan los indicadores objetivos (tasa de desempleo, niveles de victimización, reducciones en ingresos y aumentos en precios), sino que suelen estar sazonados, y en ocasiones explicados, por elementos en indicadores subjetivos. La confianza en las instituciones, la percepción de seguridad o la percepción de corrupción son algunos de los más conocidos.
En estos elementos subjetivos la pandemia también ha tenido algo que decir. Según la última encuesta de Invamer-Gallup para Colombia, la corrupción superó al empleo y a la salud como el problema más apremiante en la cabeza de los colombianos, mientras la ya resentida confianza en instituciones públicas tuvo bajones históricos, como el descalabro de una de las instituciones que más confianza había generado en el país, el Ejército Nacional, por los casos de violencia sexual de las últimas semanas.
Frente a problemas viejos y nuevos, agravados en su mayoría, los demás “desquitándose”, arcas vacías e instituciones desconfiables, el panorama, en cualquier caso, es poco alentador.
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